21Octubre2018

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Jurisprudencia al d?a. Pa?ses Bajos. Cambio clim?tico. Emisiones ?? Actualidad Jur?dica Ambiental

Jurisprudencia al d?a

Sentencia del Tribunal de apelaci?n de la Haya de 9 de octubre de 2018.
Autora: Mar?a Pascual N??ez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ECLI:NL:GHDHA:2018:2610
Temas Clave: Cambio clim?tico; Derechos fundamentales; Emisi?n de contaminantes a la atm?sfera; Instrumentos y protocolos internacionales; Pa?ses Bajos.
Resumen:
A fecha de 23 de noviembre de 2015, el Estado apel? la decisi?n del Tribunal del Distrito de la Haya el 24 de junio de 2015. En su escrito de apelaci?n de 12 de abril de 2016 present? 29 motivos de apelaci?n, a los que contest? la Fundaci?n Urgenda mediante escrito de 18 de abril de 2017, respondido por el Estado a 27 de junio de 2017.
A fecha de 30 de abril de 2018, el Tribunal plantea una serie de cuestiones a las partes. El 28 de mayo del 2018 Urgenda y el Estado presentaron distintas pruebas que el Tribunal decide incluir en la actas de procedimiento.
La Fundaci?n Urgenda solicita que se obligue al Estado a conseguir unos niveles de reducci?n de las emisiones de gases de gases de efecto invernadero para finales del a?o 2020 m?s ambicioso del que se puede prever por el contenido de las pol?ticas llevadas a cabo por el Gobierno.
El pronunciamiento se inicia con la introducci?n de los hechos controvertidos y el marco jur?dico aplicable seguido de una breve descripci?n de los tratados, acuerdos internacionales, propuestas pol?ticas y de la actual situaci?n a nivel global, europeo y neerland?s.
Urgenda (Urgent Agenda) es una plataforma ciudadana de la que forman parte distintos sectores de la sociedad. Est? involucrada en el desarrollo de planes y medidas para la prevenci?n del cambio clim?tico. Se trata de una fundaci?n cuyo fin, de conformidad con sus estatutos, es estimular y acelerar la transici?n hacia una sociedad m?s sostenible, empezando en los Pa?ses Bajos.
El pronunciamiento ofrece una relaci?n de hechos:
– Menciona como desde la Revoluci?n Industrial la humanidad ha consumido energ?a a gran escala predominantemente generada por la combusti?n de combustibles f?siles cuya combusti?n produce CO2, parte de la cual es liberada a la atm?sfera donde permanece durante cientos de a?os y otra parte es absorbida por los oc?anos y los ecosistemas forestales. La capacidad de absorci?n de este gas est? decayendo debido a la deforestaci?n y al incremento de la temperatura del mar.
– El CO2 es el gas de efecto invernadero principal que junto con otros gases de efecto invernadero atrapa el calor emitido por la tierra en la atm?sfera, (fen?meno conocido como el efecto invernadero). Cuanto m?s CO2 se emite a la atm?sfera m?s intenso es este fen?meno y esto agrava el calentamiento global. Los sistemas clim?ticos muestran una respuesta retardada las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica que los efectos de los gases de efecto invernadero que se emiten hoy ser?n patentes dentro de 30 o 40 a?os. Existen otros gases de efecto invernadero aparte del CO2, como el metano, el ?xido nitroso y los gases fluorados que tienen un menor impacto en el calentamiento global y producen otro nivel degradaci?n.
– La concentraci?n de los gases de efecto invernadero se mide en partes por mill?n (ppm). La abreviatura /ppm CO2-eq/ (partes por mill?n equivalentes a CO2) se emplea para indicar la concentraci?n de todos los gases de efecto invernadero combinados, convirtiendo otros gases de efecto invernadero que no son CO2 en CO2 en t?rminos de c?mo afectan al calentamiento. El nivel actual del calentamiento global es de 1,1?C mayor en relaci?n al inicio de la Revoluci?n Industrial.
– El nivel actual de concentraci?n de gases de efecto invernadero se sit?a en torno a 401 ppm. Las emisiones de CO2 de origen antropog?nico prosiguen a escala global y durante las ?ltimas d?cadas las emisiones globales de CO2 se han incrementado en un 2% anual, motivo por el cual no se ha abatido el calentamiento global. Existe un consenso generalizado desde el ?mbito cient?fico y la sociedad mundial en que la temperatura global no deber?a sobrepasar los 2?C. En caso de que la concentraci?n de gases de efecto invernadero no supere la 450 ppm para el a?o 2100, existe la posibilidad de lograr este objetivo. Sin embargo, durante los ?ltimos a?os se ha venido desarrollando una nueva perspectiva que indica que est? temperatura no deber?a exceder de 1,5?C, lo que implicar?a alcanzar una concentraci?n inferior a 430 ppm. Teniendo en cuenta estos puntos de partida, existe un presupuesto limitado de gases de efecto invernadero, en concreto de emisiones de CO2, conocido como 'presupuesto de carbono', 'presupuesto de CO2' o 'presupuesto de di?xido de carbono'. La comunidad internacional es consciente de que es necesario hacer algo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de CO2. No obstante, est? urgencia se eval?a de maneras distintas dentro de la comunidad global. En este contexto, son varios los tratados, acuerdos y disposiciones que se han promulgado en el ?mbito de las Naciones Unidas, dentro de la Uni?n Europea y por los Pa?ses Bajos.
– El calentamiento global se puede prevenir o reducir asegurando que se emita una menor cantidad de gases de efecto invernadero a la atm?sfera. Esto se conoce como 'mitigaci?n'. Asimismo, se pueden tomar medidas para contrarrestar las consecuencias del cambio clim?tico, como la construcci?n de diques de contenci?n para proteger ?reas bajas. A esto se le conoce como 'adaptaci?n'.
El pronunciamiento constata que el Estado apoya la meta de una reducci?n dr?stica de las emisiones de CO2 hasta terminar con las mismas por completo. Alude al Consejo Europeo, que ha decidido que la Uni?n debe lograr una reducci?n del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el a?o 2020, de al menos un 40% para el a?o 2030 y de entre un 80-95% para el 2050, en relaci?n con 1990. Para los Pa?ses Bajos esto se traduce en un objetivo de reducci?n m?nimo del 16% en el sector no ETS y de un 21% en el sector ETS para el a?o 2020. ETS es la abreviatura de 'European Emissions Trading System', en espa?ol, R?gimen de Comercio de Derechos de Emisi?n.
A los anteriores efectos, el Estado declara que se espera que en ambos sectores se logre una reducci?n de entre un 14 y un 17% para el a?o 2020, en relaci?n con 1990. En el ?ltimo Acuerdo de Coalici?n (2017), el Estado anunci? que lograr?a una reducci?n nacional de por lo menos un 49% para 2030, en relaci?n con 1990. En el a?o 2017, las emisiones de CO2 de los Pa?ses Bajos se hab?an reducido en un 13%, en relaci?n con 1990.
Urgenda considera que los esfuerzos para la reducci?n de las emisiones, al menos para el periodo hasta el a?o 2020, no son lo suficientemente ambiciosas y solicitan, en primer lugar, que se obligue al Estado a lograr una reducci?n de manera que el volumen de gases de efecto invernadero acumulado se reduzca en un 40% o al menos en un 25% para finales del 2020, en relaci?n con 1990.
El Tribunal de Distrito orden? una reducci?n de al menos un 25% para finales del 2020, en relaci?n con 1990 y rechaz? todas las peticiones de Urgenda. Urgenda no invoc? motivos de apelaci?n contra el rechazo de aquellas peticiones o de la reducci?n de m?s de un 25%, lo que implica que en este proceso de apelaci?n no cabe atender a la solicitud de la reducci?n en m?s de un 25% para el a?o 2020 as? como las otras peticiones de Urgenda.
La sentencia de apelaci?n enumera una serie de tratados, acuerdos internacionales, y propuestas pol?ticas que conducen a la situaci?n actual.
– En 1972 se celebra en Estocolmo la Conferencia de Medio Ambiente Humano de Naciones Unidas que culmin? con la Declaraci?n de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, asentando los principios b?sicos de la pol?tica ambiental internacional y de la legislaci?n ambiental. A consecuencia de esta conferencia se estableci? el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, UNEP por sus siglas en ingl?s). El PNUMA y la Organizaci?n Meteorol?gica Mundial (OMM, WMO por sus siglas en ingle?s) crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim?tico (IPPC por sus siglas en ingl?s) en 1988 bajo los auspicios de la ONU. El IPPC es una instituci?n que publica informes en relaci?n a las ciencias del clima y al desarrollo climatol?gico. El Tribunal se remite en la valoraci?n de los hechos controvertidos contenida en este pronunciamiento a sus Informes de Evaluaci?n Cuarto (2007) y Quinto (2013-2014).
En 1992 concluye la Convenci?n de Naciones Unidas sobre el Cambio Clim?tico que desde su entrada en vigor ha sido ratificado por la mayor?a de la comunidad internacional, incluidos los Pa?ses Bajos. Esta convenci?n trata de proteger los ecosistemas terrestres de la humanidad y concibe un desarrollo sostenible para la protecci?n de las generaciones presentes y futuras.
La sentencia reproduce varios art?culos de la misma, empezando por el 2, que establece el objetivo de lograr la estabilizaci?n de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atm?sfera a un nivel que impida interferencias antrop?genas peligrosas en el sistema clim?tico. A?ade que dicho nivel deber?a lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio clim?tico, asegurar que la producci?n de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo econ?mico prosiga de manera sostenible.
Alude al art?culo 3, que recoge varios principios como el de equidad el principio de precauci?n y el de sostenibilidad que deben guiar la actuaci?n de las partes para la consecuci?n de este objetivo. Las partes asumen el compromiso de proteger los sistemas clim?ticos en el inter?s de las generaciones futuras, basado en el principio de equidad y de conformidad con sus responsabilidades y capacidades. Asimismo, deben tomar medidas de precauci?n para anticiparse a las causas del cambio clim?tico y prevenirlas en la medida de lo posible, y no posponerlas en caso de que no exista una razonabilidad cient?fica suficiente.
Cita el art?culo 4, que realiza una divisi?n de los pa?ses en dos grupos: los pa?ses desarrollados del Anexo I y los pa?ses en v?as de desarrollo en el Anexo II. Para esta clasificaci?n toma en consideraci?n cuestiones como las emisiones per c?pita o la historia de las emisiones y sus recursos disponibles.
Por ?ltimo, menciona el art?culo 7 donde se establece la creaci?n de la Conferencia de las Partes (COP) como ?rgano supremo de decisi?n de la Convenci?n, y resume las reuniones de este ?rgano que han tenido lugar a lo largo de los a?os, desde Kioto en 1997, pasando por la famosa cumbre de Par?s en 2015 y terminando con la m?s reciente que ha tenido lugar en Copenage en 2017.
La sentencia toma en consideraci?n dos informes del IPCC: i) el Cuarto Informe de Evaluaci?n de 2007 donde se alude a las consecuencias que tendr?a superar los 2?C y ii) el Quinto Informe de Evaluaci?n de los a?os 2013-2014 que prev? una posibilidad inferior al 66% de un incremento de la temperatura en 2?C si la concentraci?n de gases de efecto invernadero se estabiliza en 450 ppm frente al 50% que contemplaba el Cuarto Informe.
Asimismo, el pronunciamiento informa de que el PNUMA ha realizado informes desde el a?o 2010 acerca de la 'brecha de emisiones', que es la diferencia entre el nivel deseado de emisiones para un a?o concreto y los objetivos de reducci?n a las que se comprometen los pa?ses. En un informe del a?o 2013 puso de manifiesto que los compromisos adoptados est?n fallando y que las emisiones de gases de efecto invernadero se est?n incrementando en lugar de decrecer. Concluye que los objetivos de emisiones de los pa?ses del Anexo I combinados no son suficientes para alcanzar la reducci?n prevista para el a?o 2020 de entre un 25-40%, lo que implicar?a una posibilidad menor de que para el a?o 2020 las emisiones se mantenga lo suficientemente bajas de cara a alcanzar el objetivo de mantener la temperatura global por debajo de los 2?C. Dispone que a pesar de que se puedan tomar medidas de reducci?n posteriores que resulten suficientes para alcanzar los mismos objetivos, esto ser?a m?s dif?cil, m?s caro y conllevar?a un riesgo mayor. En otro informe de 2017 establece que, a la luz del Acuerdo de Par?s, deben tomarse medidas de mitigaci?n m?s urgentes, remarcando que si la brecha de misiones no se cubre para el a?o 2030 la consecuci?n del objetivo de mantener la temperatura por debajo de los 2?C es muy poco factible. Infiere que incluso si los objetivos de reducci?n fueran completamente implementados, un 80% del presupuesto de carbono que se corresponde al objetivo de temperatura de 2?C se habr?a usado para el a?o 2030.
La Corte cita el Acuerdo de Par?s, que entr? en vigor el 4 de noviembre del 2016 y cubre el periodo desde 2020 en adelante. Aplica un sistema distinto que la Convenci?n de Naciones Unidas sobre Cambio Clim?tico. Cada pa?s debe alcanzar un determinado objetivo atendiendo a su responsabilidad individual, siguiendo un m?todo ascendente. Dispone que la temperatura global debe permanecer por debajo de los 2?C en relaci?n a los niveles preindustriales, estableciendo un l?mite de 1,5?C. A efectos de lo anterior, corresponde a las partes dise?ar planes clim?ticos nacionales o determinar contribuciones nacionales ambiciosas y cuyo nivel de ambici?n debe incrementarse con cada nuevo plan. En este Acuerdo, las partes llaman a intensificar y fortalecer los esfuerzos de reducci?n para el periodo 2020 de cara a alcanzar el objetivo para el a?o 2030 de un 40% de reducci?n. Se alude a la necesidad de terminar con el uso de combustibles f?siles por ser la causa de las mayores emisiones de CO2. Se espera que los pa?ses ricos financien medidas de apoyo a los pa?ses en desarrollo para la reducci?n de sus emisiones. Dispone que a partir del a?o 2020 no habr? distinci?n entre pa?ses del Anexo I y el Anexo II.
Atendiendo a los Tratados europeos, cita el art?culo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Uni?n Europea que contiene los objetivos ambientales que justificaron el establecimiento de distintas directivas, como la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un r?gimen para el comercio de derechos de emisi?n de gases de efecto invernadero en la Comunidad. En ella se establece el objetivo de lograr una reducci?n de m?s del 20% en las emisiones, en particular a la vista del objetivo de reducci?n de un 30% planteado por el Consejo Europeo para el a?o 2020, condicionado a que otros pa?ses se a?nen. Aquellas empresas a las que les resulta de aplicaci?n el sistema establecido por la Directiva ?nicamente podr?n emitir gases de efecto invernadero si adquieren permisos de emisi?n que se pueden comprar, vender o acumular. La cantidad total de gases de efecto invernadero que las empresas sometidas a este sistema pueden emitir para el periodo 2013-2020 debe menguar anualmente en un 1,74% hasta con lograr una reducci?n del 21% para el a?o 2020, en relaci?n con el a?o 2005.
La UE dispuso en 2009 mediante la Decisi?n n? 406/2009/CE sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020, que el objetivo del 20% de reducci?n para el a?o 2020 tuviera efecto para los sectores no sometidos al sistema ETS y que los Pa?ses Bajos deb?an alcanzar un nivel de reducci?n de sus emisiones del 16%, en relaci?n con el a?o 2005. Los sectores que quedan sometidos este sistema deb?an adherirse al objetivo de ampliaci?n de reducci?n en un 21%, en relaci?n al a?o 2005. La Uni?n en su conjunto deber?a alcanzar una reducci?n en sus emisiones de entre un 26-27% en el a?o 2020, en relaci?n con 1990.
En una carta de 12 de octubre de 2009, el ministro de Vivienda, Ordenaci?n del Territorio y Medio Ambiente informaba a la Casa de Representantes acerca de los objetivos de las negociaciones de la Conferencia de las Partes celebrada en 2015, en la que aduc?a que las reducciones de emisiones totales propuestas para los pa?ses desarrollados eran totalmente insuficientes si se quer?a alcanzar el objetivo de reducci?n de entre un 25 y 40% para el a?o 2020, el cual consideraba necesario para no superar los 2?C de temperatura.
A partir del a?o 2011, los objetivos de reducci?n de neerlandeses se ajustaron al objetivo conjunto de la Uni?n de reducci?n en un 20% para el a?o 2020, lo que para este pa?s se tradujo en una reducci?n m?nima de un 16% para el sector no ETS y de un 21% para los sectores ETS, en relaci?n con el a?o 2005; de al menos un 40% para 2030 y 80-95% para 2040, cada uno en relaci?n con 1990. El 6 de septiembre de 2013 se aprob? el Acuerdo sobre Energ?a para el Crecimiento Sostenible, que trataba de reducir el consumo de energ?a en incrementar la cuota de energ?as sostenibles.
En la decisi?n de la Corte de Distrito se asum?a que los Pa?ses Bajos alcanzar?an una reducci?n de emisiones de CO2 de entre el 14 y 17% para 2020 en relaci?n con 1990, bas?ndose en sus pol?ticas vigentes. Actualmente es del 23% (19-27% si tenemos en cuenta el margen de incertidumbre). Esta diferencia tiene origen en que las emisiones de CO2 tomadas en cuenta a partir del a?o 2020 fueron reajustadas (incrementadas) retrospectivamente. El Pron?stico Nacional de Energ?a, es un informe anual elaborado por distintos centros neerlandeses. En el a?o 2015 este informe se hac?a eco de los cambios realizados en las gu?as del IPCC en relaci?n a la metodolog?a de determinaci?n de los niveles de metano en la agricultura (expresados como CO2 equivalente), emisiones que se hab?an ajustado de forma generalizada (1990 – 2013). Estos cambios en la metodolog?a tuvieron un efecto alcista en las estimaciones para el periodo posterior al 2013. En un comunicado de prensa de 18 de octubre del 2016, uno de los centros de investigaci?n dispon?a que estos cambios se traduc?an en una reducci?n m?s potente de las emisiones de gases de efecto invernadero que las que se preve?an con anterioridad. No obstante, el total de las emisiones comprendidas en el per?odo 1990-2020 son mucho m?s elevadas que las que se preve?an en el Pron?stico Nacional de Energ?a del 2014. El Informe infiere que esta reducci?n del 23% implica un escenario m?s desfavorable para el clima que el escenario de reducci?n del 17% contemplado en el Pron?stico Nacional de Energ?a de 2014.
Urgenda ha confirmado que la nueva metodolog?a de c?lculo es m?s acord? a la metodolog?a del IPCC.
La Agencia de Evaluaci?n Ambiental neerlandesa en un informe de 18 de noviembre del 2016 alud?a a la rigidez del presupuesto de carbono y la necesidad de una pol?tica clim?tica estricta a escala global que deber?a ser mucho m?s ambiciosa que la actual para los pa?ses involucrados y que las pol?ticas neerlandesas deber?an ser firmes para alinearse con el Acuerdo de Par?s.
El Pron?stico Nacional de Energ?a del 2016 alud?a a que los gases de efecto invernadero de los a?os 1990 a 2020 casi se hab?an reducido a los niveles impuestos por resoluciones judiciales. Alud?a a ese decrecimiento del 23%, que si bien se acerca al objetivo del 25% que le corresponde a los Pa?ses Bajos, no queda exento de un margen incertidumbre.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud P?blica y Protecci?n Ambiental las emisiones en CO2 equivalentes para los Pa?ses Bajos en 2017 hab?an ca?do en un 13% en relaci?n con 1990. El Pron?stico Nacional de Energ?a de 2017 afirmaba que se mantendr?a ese porcentaje de reducci?n del 23%, si bien consideraba un margen de incertidumbre del 19 al 27%, que depender?a en buena parte de la incertidumbre sobre el uso de plantas de combusti?n de carb?n convencionales.
En el Acuerdo de Coalici?n de 2017 el Gobierno anuncio un Acuerdo Clim?tico con la intenci?n de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 49% para 2030. Esta intenci?n se repet?a en la carta del Ministro de Asuntos Econ?micos, de 23 de febrero del 2018, en la que anunciaba el cierre de todas las plantas de combusti?n de carb?n para el a?o 2030. Este objetivo del 49% se marcaba por encima del list?n de la Uni?n Europea dado que la reducci?n del 40% para el a?o 2030 no es suficiente de cara a la consecuci?n del objetivo de mantener la temperatura por debajo de los 2?C. Los Pa?ses Bajos tienen unas emisiones de CO2 per c?pita un poco m?s altas en comparaci?n con otros pa?ses industriales. En t?rminos de emisiones, los Pa?ses Bajos ocupan el puesto 34 en un ranking de 208 pa?ses. De los 33 pa?ses con mayores niveles de emisi?n, solo 9 tienen unas emisiones per c?pita m?s elevadas y ninguno de ellos es un estado de la Uni?n Europea. El 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Pa?ses Bajos son de CO2, generadas en buena parte por el sector el?ctrico. Las emisiones de CO2 apenas han ca?do en los Pa?ses Bajos desde 1990 y sin embargo se han incrementado durante los ?ltimos a?os. La reducci?n se deb?a a la ca?da de las emisiones de otros gases de efecto invernadero. En el per?odo 2008-2012 los Pa?ses Bajos lograron una reducci?n de CO2 equivalente de un 6,4%, mientras que en el mismo periodo los 15 estados miembros m?s grandes de la Uni?n Europea lograron una reducci?n de 11,8% y la Uni?n en su conjunto del 19, 2%. De hecho, entre el 30 y 50% de la reducci?n del periodo 2008 2012 se debi? a la crisis. De no haber ocurrido la crisis econ?mica las emisiones hubieran sido sustancialmente m?s elevadas en aquel periodo? y la reducci?n habr?a sido bastante menor.
Una vez expuestos los antecedentes, el pronunciamiento alude a la?petici?n de Urgenda de obligar?al Estado a lograr una reducci?n del volumen de gases de efecto invernadero acumulados de por lo menos un 25% para finales del 2020, en relaci?n con el a?o 1990, a?o de referencia en el protocolo de Kioto. Esta parte dice ser consciente de que se trata de un problema global y que el Estado solo puede intervenir en relaci?n a las emisiones del territorio de los Pa?ses Bajos, que sus emisiones son peque?as en t?rminos absolutos y que la reducci?n que pretende representa una gota en el oc?ano a escala global, considerando que el problema clim?tico es transversal a nivel mundial. No obstante, considera que dado que los Pa?ses Bajos es uno de los pa?ses desarrollados contemplados en el Anexo I de la Convenci?n Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Clim?tico, que se ha beneficiado del uso de combustibles f?siles desde la Revoluci?n Industrial y que contin?a benefici?ndose de ellos a d?a de hoy, siendo uno de los pa?ses con mayor n?mero de emisiones de gases de efecto invernadero per c?pita en el mundo, principalmente de CO2. Aludiendo a razones de equidad, la Convenci?n establece que son los pa?ses desarrollados quienes deben afrontar el liderazgo de la problem?tica a nivel nacional. Para Urgenda, los Pa?ses Bajos hab?an tomado esta senda cu?ndo formularon sus propios objetivos de reducci?n del 30% para finales del 2020. Ulteriormente, se ajusta este objetivo con el del 20% para el a?o 2020 del conjunto de la Uni?n, aparentemente debido a decisiones pol?ticas. No obstante, el Estado no logra facilitar ninguna raz?n cient?fica en materia clim?tica que ampare est? reducci?n. Mientras tanto, y a la luz del Acuerdo de Par?s, los Pa?ses Bajos se han comprometido a lograr una reducci?n de las emisiones de gases de efecto invernadero de cara a mantener la temperatura global por debajo de los 2?C. Tambi?n hab?an expresado su intenci?n de alcanzar un l?mite en la temperatura global de 1,5?C. Esta parte entiende que el Estado no puede eludir su responsabilidad bajo el argumento de que en t?rminos absolutos las emisiones se han reducido. Asimismo, y en vista de lo anterior, entiende que ha actuado de al margen de la legalidad, que su conducta vulnera los presupuestos sociales y es contraria al deber positivo y negativo de cuidado expresado en el art?culo 2 (derecho a la vida) y 8 (derecho a la vida familiar que tambi?n ampara el derecho a la protecci?n de influencias ambientales da?inas) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Estado es consciente de la problem?tica clim?tica y la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero para asegurar que la temperatura global permanezca por debajo de los 2?C. Los Paises Bajos se han comprometido con el problema del clima adhiri?ndose a los objetivos de reducci?n de un m?nimo del 40% para el a?o 2030 y de un 80-95% para 2050 con el conjunto de la Uni?n. Asimismo, se comprometi? a una reducci?n nacional del 49% para el a?o 2030. Sin embargo, los cient?ficos clim?ticos tambi?n est?n de acuerdo en que otros parches de reducci?n son viables. Inciden que no hay una necesidad absoluta de reducir las emisiones en un 25-40% para finales de 2020. Infiere que el ?mbito de las decisiones pol?ticas incluye considerar todos los intereses implicados as? como los de la industria, las finanzas el abastecimiento energ?tico, la salud p?blica, la educaci?n y la defensa para elegir los parches de reducci?n m?s apropiados. Se trata de una cuesti?n pol?tica y el principio de separaci?n de poderes proh?be hacer juicios en relaci?n a estas decisiones. El Estado enfatiza que todo ello es conforme a las obligaciones de la Convenci?n y de los acuerdos internacionales. Tambi?n alude a los efectos negativos, como el 'efecto cama de agua' y la 'fuga de carbono'. Se justifica por estar vinculado al sistema ETS, no pudiendo hacer m?s que lo que le permite el mismo. Asevera que es muy relevante el hecho de que las emisiones son inferiores en t?rminos absolutos y que el pa?s no puede hacer una aportaci?n mayor a la coyuntura clim?tica de manera aislada. Presta atenci?n particularmente al hecho de que en t?rminos cient?ficos existen muchas incertidumbres en relaci?n a problem?tica clim?tica y sus posibles soluciones. Insin?a que Urgenta subestima las posibilidades de adaptaci?n. A?ade que por el momento se espera que, bas?ndose en las pol?ticas adoptadas y propuestas, las emisiones se reduzcan en un 19-27% para finales de 2020, tomando en consideraci?n la nueva metodolog?a de c?lculo del Pron?stico de Energ?a Nacional, aunque es posible que no sea absolutamente suficiente para cumplir con el pronunciamiento judicial apelado.
El Estado entiende que al amparo del art?culo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Urgenda no puede fundar su apelaci?n en los art?culos 2 y 8 del mismo. A la vista de las alegaciones de las partes, la Corte asume por entero la disputa teniendo en cuenta que no puede permitir una reducci?n que vaya m?s all? del 25% para el a?o 2020.
Al igual que el Estado, el Tribunal de Distrito invoca el art?culo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relaci?n al acceso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Este precepto no reconoce las acciones en inter?s p?blico pero establece que el Tribunal podr? conocer de una demanda presentada por cualquier persona f?sica, organizaci?n no gubernamental o grupo de particulares que se considere v?ctima de una violaci?n por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio. Dado que el Convenio no da una respuesta en relaci?n al acceso a las Cortes neerlandesas, esto queda dentro del ?mbito del juzgador estatal. Ello implica que el art?culo 34 no sirve como fundamento para negar la posibilidad de que Urgenda fundamente sus peticiones en los art?culos 2 y 8 del Convenio. En este caso concreto, el Tribunal se remite al art?culo 305 del C?digo Civil neerland?s que regula las acciones en inter?s de colectivos. Dado que Urgenda no act?a s?lo en nombre de las futuras generaciones de neerlandeses sino de las generaciones presentes, la Corte entiende que ostenta un inter?s suficiente para realizar su petici?n.
Urgenda basa su declaraci?n de que el Estado ha actuado al margen de la ley en la secci?n 162 del C?digo Civil neerland?s y en los art?culos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En relaci?n a los art?culos 2 y 8, el inter?s protegido por los mismos es, en el caso del primero, el derecho a la vida y en el segundo, la protecci?n a la privacidad, a la vida familiar, el hogar y la correspondencia. Las cuestiones ambientales tienen incidencia en ambos derechos. En este sentido, el Gobierno tiene obligaciones de car?cter positivo y negativo en relaci?n a los intereses protegidos, incluyendo la obligaci?n positiva de tomar medidas concretas para prevenir una futura violaci?n de estos intereses. Considera que la infracci?n futura de estos intereses debe ser tomada en consideraci?n aunque el inter?s concreto a?n no haya sido afectado, cuando est? en peligro de serlo por un acto, una actividad o un evento natural. Esta obligaci?n positiva de tomar acciones concretas para prevenir vulneraciones futuras tiene como l?mite que no implique una carga imposible o desproporcionada para el Gobierno. En el caso concreto la naturaleza de una vulneraci?n inminente es relevante y la protecci?n efectiva frente a tal vulneraci?n exige una intervenci?n temprana por parte del Gobierno, que en este sentido tiene un gran margen de apreciaci?n a la hora de elegir las medidas que va a tomar. En caso de que el Estado conozca que hay una amenaza real e inminente, debe tomar medidas de precauci?n para prevenir esta vulneraci?n en la medida de lo posible. Por ello la Corte analiza los (inminentes) peligros clim?ticos declarados. Para analizar la contingencia clim?tica toma en consideraci?n los razonamientos expuestos en la introducci?n de la sentencia en relaci?n al mantenimiento de la temperatura global por debajo de los 2?C. El Tribunal entiende que existe un peligro real en relaci?n al cambio clim?tico que afecta a las generaciones presentes de ciudadanos que deber?n confrontar la p?rdida de vida y perturbaciones en la vida familiar.
La controversia gira en torno a si se puede obligar al Estado a tomar medidas para alcanzar una meta de reducci?n de por lo menos un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero en relaci?n con el a?o 1990 para finales de 2020. El Tribunal vuelve a citar los antecedentes ya expuestos, volviendo a los informes del PNUMA y del IPCC. Razona que a pesar de que los objetivos fijados en estos informes no suponen un est?ndar legal con efecto directo, entiende que si confirma el hecho de que una reducci?n en las emisiones de CO2 de al menos un 25-40% para el 2020 es necesario de cara a prevenir los peligros del cambio clim?tico. Considera que cuando en 2011 el Gobierno neerland?s adopta su propio objetivo de reducci?n del 30% para el 2020, confirma ese escenario de peligro clim?tico y ambiental. No obstante este objetivo se reajust? a la baja, sin presentar ning?n tipo de evidencia en cient?fico -clim?tica, a pesar de que si existen evidencias de que posponer las reducciones pueden contribuir a grabar el calentamiento global. El hecho de que la Uni?n Europea se marcar? un objetivo del 20% en las reducciones de gases de efecto invernadero para el a?o 2020 no implica que la misma reconociera que ser?a necesario una reducci?n del 30% para el a?o 2030 si se quer?an prevenir cambios clim?ticos peligrosos.
El Tribunal la obligaci?n de reducci?n de al menos el 25% para finales de 2020, tal y como estableci? el tribunal de distrito, es conforme al deber de atenci?n del Estado. Sin embargo, el Estado ha presentado varios argumentos justificando que no est? obligado a tomar medidas de reducci?n adicionales a las que actualmente propone.
El pronunciamiento no considera v?lido el argumento de que el sistema ETS impide que los Pa?ses Bajos tomen medidas para reducir a?n m?s las emisiones de CO2. El art?culo 193 del TFUE establece que las medidas de protecci?n adoptadas en virtud del art?culo 192 del mismo Tratado no impiden que un Estado miembro mantenga y adopte medidas de protecci?n m?s ambiciosas, siempre que dichas medidas est?n en consonancia con los Tratados.
La producci?n del 'efecto de cama de agua' ocurrir?a, seg?n el Estado porque el l?mite de emisiones establecido para el sector ETS se aplica a la UE en su conjunto y consecuentemente rebajar las emisiones en los Pa?ses Bajos abre espacio para m?s emisiones en otros lugares de la UE. El Tribunal entiende que esta presunci?n carece de verosimilitud? dado que todos los Estados miembros est?n obligados a reducir sus emisiones.
En relaci?n al riesgo de 'fuga de carbono', el Estado no prueba la existencia del mismo en caso de que los Pa?ses Bajos incrementaran sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020.
El Estado argumenta que la adaptaci?n y la mitigaci?n son estrategias complementarias para limitar los riesgos del cambio clim?tico y que Urgenda no ha apreciado las medidas de adaptaci?n que el Estado ha tomado o tomar?. El Tribunal entiende que este argumento tampoco es v?lido. Si bien es cierto que las consecuencias del cambio clim?tico pueden amortiguarse mediante la adopci?n de medidas de adaptaci?n, no queda probado que las consecuencias potencialmente desastrosas del calentamiento global puedan prevenirse adecuadamente mediante dichas medidas. As?, resulta que el establecimiento de las mismas no es ?bice para dejar de reducir las emisiones de CO2 a mayor velocidad.
Adem?s, el Estado ha argumentado que el porcentaje de reducci?n de emisiones del 25-40% en 2020 est? destinado a los pa?ses del Anexo I en su conjunto, y que, por lo tanto, este porcentaje no puede tomarse como punto de partida para la reducci?n de emisiones de un estado miembro de forma aislada. A falta de justificaci?n de la aplicaci?n de un porcentaje menor de reducci?n de emisiones para los Pa?ses Bajos en relaci?n al resto de pa?ses del Anexo I en su conjunto, el Tribunal, considerando una distribuci?n proporcional al PIB per c?pita, que ha servido como par?metro en la Decisi?n de la Uni?n Europea de Reparto de Esfuerzos para distribuir las reducciones de emisiones de la UE entre los Estados miembros, entiende que los Pa?ses Bajos tienen uno de los PIB per c?pita m?s altos de los pa?ses del Anexo I.
La Corte reconoce que la coyuntura clim?tica es un problema global y que el Estado no puede resolver este problema por s? solo. Sin embargo, razona que ello no libera al Estado de su obligaci?n de tomar las medidas oportunas en su territorio dentro de sus capacidades, que sum?ndose a los esfuerzos de otros estados brindan protecci?n contra los peligros del cambio clim?tico.
El principio de precauci?n consagrado en el derecho internacional impide al Estado justificar sus actuaciones sobre la base de la incertidumbre, entre otras, en torno al cambio clim?tico. El hecho de que no exista certeza cient?fica sobre la eficacia del escenario de reducci?n ordenada no significa que el Estado tenga derecho a abstenerse de tomar otras medidas. La alta probabilidad de que ocurra es suficiente.
El Tribunal desestima las alegaciones del Estado sobre la falta de un v?nculo causal ya que estos procedimientos se refieren a una reclamaci?n por imposici?n de una orden.
Otro argumento esgrimido por el Estado y desestimado por la Sala es que el tiempo disponible restante (hasta fines de 2020) es muy corto. La sentencia apelada (declarada provisionalmente ejecutable) no solo tiene m?s de tres a?os sino que el Estado ha reconocido la gravedad del problema del clima durante mucho tiempo. El pronunciamiento explica que los Pa?ses Bajos, como pa?s altamente desarrollado, se han beneficiado de los combustibles f?siles durante mucho tiempo y a?n se encuentra entre los pa?ses con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero per c?pita en el mundo. Es en parte por esta raz?n que el Tribunal entiende que el Estado debe asumir su responsabilidad.
El juzgador reconoce que, especialmente en nuestra sociedad industrializada, las medidas para reducir las emisiones de CO2 son dr?sticas y requieren sacrificios financieros y de otro tipo, sin olvidar que hay mucho en juego: el riesgo de cambios irreversibles en los ecosistemas mundiales y la habitabilidad de nuestro planeta. El Estado argumenta que el sistema de separaci?n de poderes no debe interferir en estas cuestiones en las que ostenta el poder de decisi?n el gobierno legitimado democr?ticamente. Este argumento se rechaza porque, en primer lugar, el Estado viola los derechos humanos sino provee las medidas necesarias. Y en segundo porque la orden para reducir las emisiones dota al Estado de un amplio margen para decidir c?mo puede cumplir con la orden.
El Estado tambi?n argumenta que limitar el volumen acumulado de emisiones, tal y como dispone el tribunal de distrito, solo puede lograrse mediante la adopci?n de legislaci?n, por el parlamento o por organismos gubernamentales inferiores, lo que impl?citamente supone una orden para crear legislaci?n y que el Tribunal no est? en posici?n de imponer dicha orden al Estado. Sin embargo, el Tribunal de Distrito consider? que el reclamo de Urgenda no versa sobre la actividad legislativa espec?ficamente y que el Estado se mantiene completamente libre para determinar c?mo cumplir? con la orden. El Estado no justifica que el cumplimiento de la orden ?nicamente pueda lograrse a trav?s de la creaci?n de legislaci?n por parte del parlamento o de organismos gubernamentales inferiores. Urgenda ha argumentado que existen muchas opciones para lograr el resultado previsto y que no requieren la creaci?n de legislaci?n.
El Tribunal est? obligado a aplicar con efecto directo los tratados en los que los Pa?ses Bajos son parte, incluidos los art?culos 2 y 8 del CEDH, que forman parte de la jurisdicci?n neerlandesa e? incluso tienen prioridad sobre las leyes holandesas que se desv?an de ellas.
En resumen, la Corte considera que las alegaciones del Estado no son convincentes.
La sentencia concluye que el Estado ha hecho muy poco para evitar el cambio clim?tico y est? haciendo muy poco para ponerse al d?a en el corto plazo (hasta fines de 2020). Las metas para 2030 y m?s all? no eliminan la peligrosidad inminente de la coyuntura clim?tica, lo que requiere que se tomen medidas inmediatas.
El Estado tampoco puede esconderse detr?s del objetivo de reducci?n del 20% para 2020 a nivel de la UE. En primer lugar, la propia UE considera necesaria una mayor reducci?n en 2020. Se prev? que en su conjunto logre una reducci?n de 26-27% en 2020; sustancialmente m?s de lo acordado en un 20%. Despu?s de 2011, los Paises Bajos redujeron el objetivo del 30% que se hab?an propuesto, ajust?ndose a la baja hasta el 20% para 2020 a nivel de la UE, sin ning?n fundamento cient?fico y a pesar de conocer las graves consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero para el calentamiento global.
En atenci?n a todo ello, el Tribunal opina que el Estado no cumple con su deber de atenci?n de conformidad con los Art?culos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no querer reducir las emisiones en al menos un 25% para fines de 2020.En su pronunciamiento ha tomado en consideraci?n que, seg?n la pol?tica actual propuesta, los Pa?ses Bajos habr?n reducido un 23% para 2020. Eso no est? lejos del 25%, pero se aplica un margen de incertidumbre del 19-27%. Este margen de incertidumbre significa que existe una posibilidad real de que la reducci?n sea (sustancialmente) inferior al 25% y por ello considera que el mismo es inaceptable. Adem?s, hay indicios claros de que las medidas actuales ser?n insuficientes para prevenir? los peligros potenciales del cambio clim?tico. As?, a pesar de que el Estado tiene un margen de apreciaci?n para la toma de medidas concretas, ello no es ?bice para no buscar la consecuci?n del objetivo de una reducci?n m?nima del 25% en 2020.
Destacamos los siguientes extractos:
'(…) 34. The Court shall first assess Urgenda's ground of appeal in the cross-appeal. In conjunction with this, the Court shall also consider the State's plea of Urgenda's inadmissibility, explained in ground of appeal 1 in the appeal on the main issue, insofar as Urgenda also acts on behalf of individuals and future generations outside the Netherlands. Both issues are related to the extent that their assessment relies on regulations of a predominately procedural nature, namely Article 34 ECHR and Book 3 Section 305a of the Dutch Civil Code, respectively.
35. Like the State, the district court derived from Article 34 ECHR that Urgenda cannot directly invoke Articles 2 and 8 ECHR. In doing so, the district court fails to acknowledge that Article 34 ECHR (only) concerns access to the European Court of Human Rights (ECtHR). As is evident from this article, citizens, NGOs and groups of individuals have access to the European Court of Human Rights in Strasbourg ? insofar as they claim violation of their rights enshrined in the ECHR. The ECtHR has explained this article as follows (in brief), namely that 'public interest actions' are not permitted and that only the claimant whose interest has been affected has access to the ECtHR . The ECtHR has not given a definite answer about access to the Dutch courts. This is not possible, as this falls within the scope of the Dutch judges. This means that Article 34 ECHR cannot serve as a basis for denying Urgenda the possibility to rely on Articles 2 and 8 ECHR in these proceedings.'
'(…) 40. The interest protected by Article 2 ECHR is the right to life, which includes environment-related situations that affect or threaten to affect the right to life. Article 8 ECHR protects the right to private life, family life, home and correspondence. Article 8 ECHR may also apply in environment-related situations. The latter is relevant if (1) an act or omission has an adverse effect on the home and/or private life of a citizen and (2) if that adverse effect has reached a certain minimum level of severity.'
?'(…) 42. Regarding the positive obligation to take concrete actions to prevent future infringements ? which according to the claim is applicable here ? the European Court of Human Rights has considered that Articles 2 and 8 ECHR have to be explained in a way that does not place an 'impossible or disproportionate burden' on the government. This general limitation of the positive obligation, which applies here, has been made concrete by the European Court of Human Rights by ruling that the government only has to take concrete actions which are reasonable and for which it is authorised in the case of a real and imminent threat, which the government knew or ought to have known. The nature of the (imminent) infringement is relevant in this. An effective protection demands that the infringement is to be prevented as much as possible through early intervention of the government. The government has a 'wide margin of appreciation' in choosing its measures.
43. In short, the State has a positive obligation to protect the lives of citizens within its jurisdiction under Article 2 ECHR, while Article 8 ECHR creates the obligation to protect the right to home and private life. This obligation applies to all activities, public and non-public, which could endanger the rights protected in these articles, and certainly in the face of industrial activities which by their very nature are dangerous. If the government knows that there is a real and imminent threat, the State must take precautionary measures to prevent infringement as far as possible. In light of this, the Court shall assess the asserted (imminent) climate dangers.'
'(…) 53. The Court is of the opinion that a reduction obligation of at least 25% by end-2020, as ordered by the district court, is in line with the State's duty of care.'
'(…) 54. The argument of the State that the ETS system stands in the way of the Netherlands taking measures to further reduce CO2 emissions fails. The starting point is that Article 193 TFEU states that protective measures adopted under Article 192 TFEU do not prevent a Member State from maintaining and adopting more ambitious protection measures, provided that such measures are in line with the Treaties. This means that measures that reduce CO2 emissions further than those ensuing from the ETS are permitted provided that these measures do not interfere with the functioning and the system of the ETS in an unacceptable manner. That this is bound to be the case due to the order imposed by the district court has not been substantiated by the State and is furthermore implausible.
55. According the State, a 'waterbed effect' will occur if the Netherlands takes a measure which reduces greenhouse gas emissions falling under the ETS system. The State argues that this will occur because the emissions cap established for the ETS sector applies to the EU as a whole. Less emissions in the Netherlands thus creates room for more emissions elsewhere in the EU. Therefore, national measures to reduce greenhouse gas emission within the framework of the ETS are pointless, or so the State argues
56. This argument falsely assumes that other EU Member States will make maximum use of the available emission allocation under the ETS system. Like the Netherlands, the other EU Member States have an individual responsibility to limit CO2 emissions as far as possible. It cannot be assumed beforehand that other Member States will take less far-reaching measures than the Netherlands. On the contrary, compared to Member States such as Germany, the United Kingdom, Denmark, Sweden and France the Dutch reduction efforts are lagging far behind. Moreover, Urgenda has argued, supported by reasons and on submission of various reports, including a report of the Danish Council on Climate Change (Exhibit U131), that it is impossible for a waterbed effect to occur before 2050 owing to the surplus of ETS allowances and the dampening effect over time of the 'market stability reserve'. The State has failed to provide reasoning to contest these reports
57. The State also pointed out the risk of 'carbon leakage', which the State understands to be the risk that companies will move their production to other countries with less strict greenhouse gas reduction obligations. The State has failed to substantiate that this risk will actually occur if the Netherlands were to increase its efforts to reduce greenhouse gas emissions before 2020. The same applies to the related assertion of the State that more ambitious emission reductions will undermine the 'level playing field' for Dutch companies. The State should have provided substantiation for these assertions, especially considering that other EU Member States are pursuing a stricter climate policy (see legal ground 26). Moreover, in light of among other things Article 193 TFEU, it is difficult to envisage without further substantiation, which is lacking, that not maintaining a 'level playing field' for Dutch companies would constitute a violation of a particular legal rule
58. In this context, it is worth noting that the State itself has committed to reduce emissions by 49% in 2030, in other words, by a higher percentage than the one to which the EU has committed, for which these arguments are apparently not decisive.
59. The State has also argued that adaptation and mitigation are complementary strategies to limit the risks of climate change and that Urgenda has failed to appreciate the adaptation measures that the State has taken or will take. This argument also fails. Although it is true that the consequences of climate change can be cushioned by adaptation, but it has not been made clear or plausible that the potentially disastrous consequences of excessive global warming can be adequately prevented with adaptation. So while it is certainly logical for the State to also take adaptation measures, this does not take away from its obligation to reduce CO2 emissions quicker than it has planned.
60. The State has furthermore argued that the emission reduction percentage of 25-40% in 2020 is intended for the Annex I countries as a whole, and that this percentage can therefore not be taken as a starting point for the emission reduction an individual Annex I country, such as the Netherlands, should achieve. The State has failed to provide substantiation why a lower emission reduction percentage should apply to the Netherlands than for the Annex I countries as a whole. That is not obvious, considering a distribution in proportion to the per capita GDP, which inter alia has been taken as a starting point in the EU's Effort Sharing Decision for distributing the EU emission reductions among the Member States. There is reason to believe that the Netherlands has one of the highest per capita GDP of the Annex I countries and in any case is far above the average of those countries. That is also evident from Appendix II of the Effort Sharing Decision, in which the Netherlands is allocated a reduction percentage (16% relative to 2005) that is among the highest of the EU Member States. It is therefore reasonable to assume that what applies to the Annex I countries as a whole should at least also apply to the Netherlands.
61. The State has also put forward that the Dutch greenhouse gas emissions, in absolute terms and compared with global emissions, are minimal, that the State cannot solve the problem on its own, that the worldwide community has to cooperate, that the State cannot be deemed the party liable/causer ('primary offender') but as secondary injuring party ('secondary offender'), and this concerns complex decisions for which much depends on negotiations.
62. These arguments are not such that they warrant the absence of more ambitious, real actions. The Court, too, acknowledges that this is a global problem and that the State cannot solve this problem on its own. However, this does not release the State from its obligation to take measures in its territory, within its capabilities, which in concert with the efforts of other states provide protection from the hazards of dangerous climate change.
63. The precautionary principle, a generally accepted principle in international law included in the United Nations Framework Convention on Climate Change and confirmed in the case-law of the European Court of Human Rights (Tǎtar/Romania, ECtHR 27 January 2009, no. 67021/01 section 120), precludes the State from pleading that it has to take account of the uncertainties of climate change and other uncertainties (for instance in ground of appeal 8). Those uncertainties could after all imply that, due to the occurrence of a 'tipping point' for instance, the situation could become much worse than currently envisioned. The circumstance that full scientific certainty regarding the efficacy of the ordered reduction scenario is lacking therefore does not mean that the State is entitled to refrain from taking further measures. High plausibility, as described above, suffices.
64. The State's defence of the lack of a causal link also fails. First of all, these proceedings concern a claim for imposing an order and not a claim for damages, so that causality only plays a limited role. In order to give an order it suffices (in brief) that there is a real risk of the danger for which measures have to be taken. It has been established that this is the case. Moreover, if the opinion of the State were to be followed, an effective legal remedy for a global problem as complex as this one would be lacking. After all, each state held accountable would then be able to argue that it does not have to take measures if other states do not so either. That is a consequence that cannot be accepted, also because Urgenda does not have the option to summon all eligible states to appear in a Dutch court.
'(…) 66. Insofar as the State wanted to assert that the remaining available time (until end-2020) is very short, this argument is rejected. Not only is the judgment (declared provisionally enforceable) over three years old, but the foregoing has shown that the State has known about the severity of the climate problem for a long time and that up to 2011 the State had focused its policy on a reduction of 30%. In this respect, it deserves further attention that the Netherlands, as a highly developed country, has profited from fossil fuels for a long time and still ranks among the countries with the highest per capita greenhouse gas emissions in the world. It is partly for this reason that the State should assume its responsibility, a sentiment that was also expressed in the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement.
67. Incidentally, the Court acknowledges that, especially in our industrialised society, measures to reduce CO2 emissions are drastic and require financial and other sacrifices but there is also much at stake: the risk of irreversible changes to the worldwide ecosystems and liveability of our planet. The State argues that for this reason the system of the separation of powers should not be interfered with, because it is not up to the courts but to the democratically legitimised government as the appropriate body to make the attendant policy choices. This argument is rejected in this case, also because the State violates human rights, which calls for the provision of measures, while at the same time the order to reduce emissions gives the State sufficient room to decide how it can comply with the order.
68. In this context, the State also argues that limiting the cumulated volume of Dutch emissions, as ordered by the district court, can only be achieved by adopting legislation, by parliament or lower government bodies, that this means that from a substantive point of view the order constitutes an order to create legislation and that the court is not in the position to impose such an order on the State. However, the district court correctly considered that Urgenda's claim is not intended to create legislation, either by parliament or lower government bodies, and that the State retains complete freedom to determine how it will comply with the order. Even if it were correct to hold that compliance with the order can only be achieved through creating legislation by parliament or lower government bodies, the order in no way prescribes the content of such legislation. For this reason alone, the order is not an 'order to create legislation'. Moreover, the State has failed to substantiate, supported by reasons, why compliance with the order can only be achieved through creating legislation by parliament or lower government bodies. Urgenda has argued, by pointing out the Climate Agreement (to be established) among other things, that there are many options to achieve the intended result under the order that do not require the creation of legislation by parliament or lower government bodies. The State has failed to refute this argument with sufficient substantiation'.
Comentario de la Autora:
La sentencia reconoce la importancia de la actividad de los Gobiernos en materia de la consecuci?n de los objetivos de reducci?n en las emisiones de gases de efecto invernadero, no s?lo a nivel legislativo sino en la conceptualizaci?n global de sus actuaciones medioambientales y posibilita que organizaciones constituidas para la defensa de los intereses de los ciudadanos reclamen al Gobierno actuaciones encaminadas a la satisfacci?n de los compromisos adquiridos en virtud de tratados y acuerdos internacionales.
Asimismo, reconoce expl?citamente la vinculaci?n entre las pol?ticas ambientales, el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar.
Este pronunciamiento puede servir de precedente para que otras organizaciones se animen a realizar actuaciones en el mismo sentido. Sin embargo, a?n puede ser recurrido ante la Corte Suprema. En caso de que el Estado no cumpla la sentencia, queda abierta la posibilidad de que Urgenda lo lleve ante la justicia de nuevo.
Documento adjunto:

Cambio clim?tico Derechos fundamentales Emisi?n de contaminantes a la atm?sfera Instrumentos y protocolos internacionales Pa?ses Bajos

actualidadjuridicaambiental.com

[Artículo en la fuente original]

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