19Diciembre2018

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Jurisprudencia al d?a. Tribunal Supremo. Espa?a. Evaluaci?n Ambiental Estrat?gica. Grandes instalaciones de combusti?n ?? Actualidad Jur?dica Ambiental

Jurisprudencia al d?a Tribunal Supremo ( TS )

Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci?n 5?, Ponente: C?sar Tolosa Tribi?o)
Autora: Dra. Luc?a Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: Roj: STS 2754/2018 – ECLI: ES:TS:2018:2754
Temas Clave: Grandes instalaciones de combusti?n; Plan Nacional Transitorio; Evaluaci?n Ambiental Estrat?gica; Autorizaci?n Ambiental Integrada; Valores l?mite de emisi?n; Participaci?n
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo formulado por la Asociaci?n Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA), contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combusti?n, habiendo sido partes recurridas la Administraci?n General del Estado, Iberdrola Espa?a, S.A., Viesgo Generaci?n, S.L., Asociaci?n Espa?ola de la Industria (UNESA), Iberdrola Generaci?n, S.A., Endesa Generaci?n, S.A., EDP Espa?a, S.A.U. y Emplazamientos Radiales, S.L.
La entidad recurrente sostiene que el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combusti?n es contrario a Derecho por los siguientes motivos: la ausencia de sometimiento a evaluaci?n ambiental estrat?gica de este plan, pese a ser susceptible de causar efectos significativos en el medio ambiente, que trae consigo la falta de apertura de consultas transfronterizas y de consultas al p?blico interesado; la ausencia de un procedimiento de participaci?n p?blica en los t?rminos del art?culo 7 del Convenio sobre el acceso a la informaci?n, la participaci?n del p?blico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, del que Espa?a es parte; y el incumplimiento de los art?culos 32.2 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (prevenci?n y control integrados de la contaminaci?n) y 46.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, dado que los valores l?mite de emisi?n contenidos en las autorizaciones ambientales integradas de las centrales t?rmicas incluidas en dicho plan no cumplen con lo previsto en las Directivas 2001/80/CE y 2008/1/ CE. Asimismo, tambi?n aduce que no se ha aprobado una disposici?n legal que permita controlar y hacer un seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional Transitorio por parte de las grandes instalaciones de combusti?n de conformidad con lo previsto en el art?culo 32.4 de la Directiva de emisiones industriales, el art?culo 46.4 del Reglamento de emisiones industriales y 6 de la Decisi?n de Ejecuci?n 2012/115/UE. Con base en estos argumentos, solicita que se declare la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba el mencionado Plan; se anulen y dejen sin efecto los condicionantes relativos a los valores l?mite de emisi?n incluidos en las autorizaciones ambientales integradas de las centrales t?rmicas que no cumplen con lo exigido en los art?culos 32.2. de la Directiva de emisiones industriales y 46.2. del Reglamento de emisiones industriales y se ordene la revisi?n de dichos condicionantes, as? como el control del cumplimiento de los techos de emisi?n de las grandes instalaciones de combusti?n cubiertas por el Plan; y se ordene que se lleve a cabo una evaluaci?n de los posibles da?os causados a los espacios protegidos por la vigencia del Plan Nacional Transitorio y, de haberlos, se ordene la reparaci?n de los mismos, de conformidad con lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Por el contrario, la Administraci?n General del Estado solicita, en su escrito de contestaci?n, la desestimaci?n del recurso por considerar que el Plan se ha aprobado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Emisiones Industriales y en el Reglamento de emisiones industriales; no es necesario su sometimiento a evaluaci?n ambiental estrat?gica, por no cumplir con los requisitos m?nimos para su consideraci?n como plan o programa, seg?n la Ley de evaluaci?n ambiental, ya que no constituye el marco para la futura autorizaci?n de proyectos sometidos a evaluaci?n de impacto ambiental; no afectar?a de forma apreciable a los espacios de la Red Natura 2000, puesto que las emisiones, en todo caso, se reducir?an con respecto a los valores actuales y no al contrario; y fue sometido a consulta p?blica, de conformidad con lo previsto en las disposiciones del Convenio Aarhus, adem?s de todos los dem?s tr?mites previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio. Adem?s, considera que no existe contradicci?n entre lo establecido en la Directiva de emisiones industriales y el Reglamento de emisiones industriales y el establecimiento de valores l?mite de emisi?n superiores a los permitidos por la Directiva 2001/80/CE; que las disposiciones legales para realizar el control del cumplimiento de los techos de emisi?n por parte de las grandes instalaciones de combusti?n ya se han aprobado o est?n en una fase muy avanzada de su tramitaci?n; y que la anulaci?n del Plan podr?a acarrear significativos perjuicios econ?micos para las instalaciones acogidas al mismo y para Espa?a, puesto que si las instalaciones en su conjunto sobrepasaran los techos de emisi?n anuales, ello podr?a desembocar en un expediente sancionador contra Espa?a por la v?a del recurso de incumplimiento previsto en el arto 258 del Tratado de Funcionamiento de la Uni?n Europea.
El Tribunal Supremo desestima el recurso y declara el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combusti?n ajustado a derecho.
Destacamos los siguientes extractos:
'(…) consideramos que el Plan transitorio impugnado no puede considerarse comprendido entre los supuestos de los planes en los que legalmente se exige la necesaria evaluaci?n ambiental estrat?gica, por las siguientes razones:
Ha de reconocerse que el Plan objeto de impugnaci?n se ha elaborado por una Administraci?n, y que su aprobaci?n ven?a exigida por una disposici?n legal o reglamentaria, sin embargo este aspecto, por s? solo considerado, nos resulta suficiente para considerar que el Plan est? comprendido dentro de las previsiones de la Ley de 2013, resultando necesario que se den una serie de requisitos, de car?cter objetivo, cuya concurrencia nos corresponde comprobar.
A estos efectos, conviene se?alar y concretar la naturaleza y contenido del Plan impugnado, en tanto nos encontramos ante un plan de marcado car?cter t?cnico que constituye un r?gimen de exenci?n temporal para el cumplimiento de los VLE por parte de grandes instalaciones de combusti?n que lo soliciten, que les permite mantener los VLE que les eran ya aplicables a fecha de 31 de diciembre de 2015, esto es, el PNT permitir? a las empresas acogidas al mismo poder disponer de tiempo a?adido, desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2020, para acometer las inversiones medioambientales necesarias que les posibiliten cumplir con los valores l?mite de emisi?n exigentes de la Directiva 2010/75/UE a partir del 1 de julio de 2020.
Partiendo, como antes hemos razonado, de que la Ley ha incorporado un concepto material y no formal de los planes y programas habr? de comprobarse si el Plan impugnado es ejecutable directamente, en cuanto no necesita de un desarrollo posterior mediante proyectos concretos.
En este sentido, podemos concluir que el PNT no conllevar?, en ning?n caso, la autorizaci?n de nuevos proyectos sino la modificaci?n no sustancial de proyectos ya autorizados, entendiendo por tales las autorizaciones ambientales integradas de instalaciones industriales. Estas modificaciones no sustanciales, en todo caso van destinadas a reducir la contaminaci?n de la instalaci?n existente por lo que no requerir?n de evaluaci?n de impacto ambiental y por ello entendemos que tampoco se podr?a aplicar este supuesto (…)
(…) el Plan no incorpora previsiones de modificaciones de proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, sino que establece unos plazos de progresiva reducci?n de los valores l?mite de emisi?n originariamente autorizados' (FJ 8).
'Respecto de la afectaci?n a espacios comprendidos dentro de la Red Natura 2.000, debemos reiterar que el objeto del PNT es reducir gradualmente las emisiones de NOx y SO2 de las instalaciones ubicadas en dichos espacios con respecto a los valores actuales y, en consecuencia, conseguir una mejora de las especies o h?bitats que integran aquella Red.
En efecto, como ya hemos se?alado, la aprobaci?n del PNT obedece a las prescripciones contenidas en el art?culo 32 de la Directiva 2010/75/UE , y suponen la obligaci?n de las instalaciones acogidas al PNT de cumplir con los valores l?mite de emisi?n vigentes en el momento de su promulgaci?n, al tiempo que exige una progresiva e inexcusable reducci?n de las emisiones de las instalaciones existentes afectadas por la norma impugnada, y el establecimiento de un per?odo de adaptaci?n que permita atender tanto a los requerimientos ambientales como a la supervivencia de las instalaciones.
En definitiva, el PNT ha sido elaborado con el objetivo de reducir emisiones de las instalaciones que pudieran estar ubicadas en dichos espacios, por lo que las emisiones, en todo caso, se reducir?an con respecto a los valores actuales, por lo que no es un plan susceptible de afectar de forma apreciable o significativa a las especies o h?bitats que integran espacios de la Red natura 2000.
A mayor abundamiento, la adecuaci?n del PNT a la normativa ambiental comunitaria ha quedado confirmada por la propia Comisi?n, quien en cumplimiento de lo dispuesto en el art?culo 6 de la referida Decisi?n y en el art?culo 46.5 del Real Decreto 815/2013, valid? el contenido del PNT en la Decisi?n de la Comisi?n Europea de 29 de mayo de 2015, modificada por otras de 3 de marzo de 2016 y de 27 de abril de 2017' (FJ 9).
'La conclusi?n anteriormente alcanzada, de que el PNT no tiene la consideraci?n /plan/ a los efectos de lo dispuesto en la Ley 21/2013, seg?n su art?culo 5, y no se cumplen los requisitos para su sometimiento a evaluaci?n ambiental estrat?gica, seg?n lo dispuesto en su art?culo 6.2, determina que no le resulten de aplicaci?n las previsiones, cuya omisi?n alega la parte recurrente' (FJ 10).
'(…) hay que hacer constar que el PNT no s?lo se someti? a informaci?n p?blica a trav?s de la publicaci?n en la p?gina web del Departamento, sino que tambi?n se tuvieron en cuenta los comentarios y observaciones realizadas por los distintos ?rganos a los que se remiti? el Plan para su participaci?n' (FJ 12).
'(…) como sostiene el Sr. Abogado del estado <<no existe contradicci?n entre lo establecido en el art?culo 32.2 de la Directiva de Emisiones Industriales (art?culo 46.2.2 del REI) y el que las AAIs tengan VLE superiores a los permitidos tanto por la Directiva 2001/80/CE como por el Real Decreto 430/2004>> (…)
(…) los VLE de las Mis, a 31 de diciembre de 2015, de las instalaciones incluidas en el PNT son los que le corresponden por aplicaci?n del RD 430/2004 (que traslad? a la legislaci?n espa?ola la antigua Directiva 2001/80/CE de grandes instalaciones de combusti?n), ya sea seg?n los valores que figuran en los anexos 111 a VIII del mismo o, en el caso de instalaciones existentes el acogimiento a un Plan Nacional de Reducci?n de Emisiones. La antigua Directiva de GIC 2001/80/CE tambi?n contemplaba como flexibilidad la posibilidad de acogerse al Plan Nacional de Reducci?n de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combusti?n Existentes (PNRE-GIC), que permit?a que estas instalaciones -como se se?ala en el RD 430/2004 y en la Directiva 2001/80/ CE, durante la aplicaci?n del PNRE-GIC- no estuviesen sujetas a la aplicaci?n de los VLE de los anexos III a VIII, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2002 (Ley IPPC) y de las disposiciones relativas a la calidad del aire ambiente.
Por ello, en el actual PNT hay una serie de instalaciones que en su d?a estuvieron sometidas al PNRE-GIC y por ese motivo el 31 de diciembre de 2015, conforme al RD 430/2004, cumpl?an las especificaciones del PNRE-GIC y no los VLE de los anexos de aquel RO. Un concepto importante desde el punto de vista ambiental, respetando los valores de inmisi?n, son las emisiones totales de una instalaci?n. As?, una instalaci?n con unos VLE muy estrictos, disponiendo de los sistemas m?s sofisticados de reducci?n de emisiones, puede ser globalmente m?s contaminante que otra con VLE elevados, sin medidas de reducci?n de emisiones. Todo depende de las horas de funcionamiento de las mismas. Por tanto, si las instalaciones del PNRE-GIC cumplen con sus topes anuales de emisi?n y no hay problemas locales de calidad del aire, pueden disponer de los VLE que se autoricen en sus Mis, ya que la limitaci?n de emisiones no viene exigida por unos VLE m?s estrictos sino por una reducci?n de emisiones anuales (que podr?a conseguirse con menos horas de funcionamiento). Finalmente, hay que se?alar que para el c?lculo de los topes de emisi?n anuales del PNT, los VLE de las instalaciones incluidas en el mismo, que se han considerado en el a?o 2016, son los que les aplicar?a seg?n los anexos 111 a VIII de la Directiva 2001/80/CE, no los que figuran en las AAIs en vigor en diciembre de 2015″' (FJ 13).
Comentario de la autora:
En esta Sentencia, el Tribunal Supremo avala el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combusti?n. Este Plan fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016, acogi?ndose de este modo el Gobierno espa?ol a la posibilidad, permitida por la Directiva de emisiones industriales, de aprobar y aplicar, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020, un plan nacional transitorio para ciertas instalaciones que cumplan determinados requisitos (en el momento de aprobaci?n del Plan, se acogen 29 instalaciones). Para las instalaciones afectadas por el Plan siguen vigentes los valores l?mite de emisi?n de sus autorizaciones ambientales integradas aplicables a 31 de diciembre de 2015, con la finalidad de que en el periodo se?alado realicen las inversiones medioambientales necesarias para cumplir los valores l?mite de emisi?n individuales que establece la Directiva de emisiones industriales a partir del 1 de julio de 2020. Adem?s, en su conjunto, no pueden superar unos techos anuales globales de emisi?n, para cada contaminante, conforme a lo establecido en la Decisi?n 2012/115/UE para el c?lculo de los techos de cada contaminante y cada a?o en el Plan Nacional Transitorio.
El Tribunal Supremo desestima todos los argumentos impugnatorios planteados por la entidad recurrente. En particular, considera que el mencionado Plan nacional transitorio no est? sometido a evaluaci?n ambiental estrat?gica, por no tener la condici?n de 'plan' a los efectos de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de evaluaci?n ambiental (en la medida en que no incorpora previsiones de modificaciones de proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, sino que establece unos plazos de progresiva reducci?n de los valores l?mite de emisi?n originariamente autorizados), y no cumplirse los requisitos para su sometimiento a evaluaci?n ambiental estrat?gica. Asimismo, entiende que este Plan no es susceptible de afectar de forma apreciable o significativa a las especies o h?bitats que integran espacios de la Red natura 2000, habida cuenta de que ha sido elaborado para reducir las emisiones de las instalaciones que pudieran estar ubicadas en dichos espacios, por lo que las emisiones, en todo caso, se reducir?an con respecto a los valores actuales.
Documento adjunto:

Autorizaci?n ambiental integrada Emisi?n de contaminantes a la atm?sfera Espa?a Evaluaci?n ambiental estrat?gica Industria Participaci?n

actualidadjuridicaambiental.com

[Artículo en la fuente original]

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